Wednesday, August 09, 2006
Llamamiento a la creación de la Coordinadora Antifascista de Guadalajara
Los fascistas siguen viendo en las instituciones clave del Estado su aliado natural que les permite la impunidad con la que actúan día a día, lo que nos indica que esa Transición de la que tanto nos hablan, no fue más que una careta en la que se cambió todo para no cambiar nada
El día 6 de enero de 2006, un encontronazo entre Israel Galve Maldonado, uno de los ultraderechistas más conocidos tras el apuñalamiento que cometió en febrero de 2005, deriva en una falsa denuncia por parte del fascista contra un militante comunista de Guadalajara y miembro del Centro Social Octubre, por injurias, calumnias y amenazas.
Tras la toma de las pertinentes pesquisas por parte de la Policía Nacional, la denuncia es aceptada por la Juez titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 Mª Elena Mayor Rodrigo, con informe policial lapidario hacia el fascista. En concreto la juez acepta a trámite una denuncia falsa en la cual Israel Galve aporta como prueba los testimonios de su padre y su abuelo.
El informe policial señala los numerosos antecedentes policiales que el fascista tiene en su expediente, y que, su posición en el lugar de los hechos que él mismo denuncia, supone una violación de la orden judicial de alejamiento de 500 metros ordenada tras su procesamiento por la agresión cometida en febrero de 2005.
En estas condiciones, y viendo la parcialidad de este Juzgado, la defensa de nuestro compañero decide recusar a esta Juez, argumentando no solo esto, sino que además este es el mismo juzgado que, tras 8 meses de estancia en prisión, decide ponerlo en libertad provisional a pesar de todos los informes en contra que este fascista tiene sobre sí, entre ellos el del Hospital General Universitario, que tras analizar las puñaladas perpetradas por Israel Galve, llega a la conclusión de su intencionalidad criminal y certifica la voluntad de matar a nuestro compañero. Igualmente, la defensa alega las múltiples sentencias a su favor que ha tenido en este Juzgado, y que son suficientes indicios para concluir que este caso no va a ser uno más en el trato de favor que Galve ha tenido por parte del Juzgado de Instrucción nº 3.
El día 11 de julio, nuestro compañero es citado por la Audiencia Provincial de Guadalajara a una vista oral donde argumentaría a la magistrada designada de la propia Audiencia los motivos de la recusación y donde se vería si esta se admitiría o no. En la misma, además de ser tanto nuestro compañero como la defensa, víctimas de varios gestos de desdén por parte del Ministerio Fiscal, la recusación es rechazada, y la defensa decide prepararse para un nuevo recurso a la instancia superior, el Tribunal Supremo.
En efecto tres días después de esta vista, el compañero recibe, en virtud de la negativa a la recusación planteada a la Audiencia Provincial, una nueva citación para el juicio por la denuncia de Israel Galve. Realmente alarmaba la rapidez de los trámites, conociendo la lentitud que tienen habitualmente los tribunales de “justicia”, que en esta ocasión no fue así. Hasta que, el abogado de la defensa se da cuenta de un error, terrible error que pone al descubierto esa complicidad y trato de favor: la fecha con la que se cita a nuestro compañero a juicio es anterior a la fecha de celebración de la vista donde se vería si se admitía la recusación, es decir, que mientras esa vista decisiva se celebra el día 11 de julio de 2006, la fecha con la que se firma la nueva citación es del 7 de julio, cosa que se corrobora con la fecha registrada en Correos. Es decir, que había quien ya sabía que esa recusación se iba a rechazar y cuyo beneficiario era, evidentemente, Israel Galve Maldonado.
Esta situación no es más que la conclusión de una serie de arbitrariedades judiciales que han sido las responsables del estado de impunidad de las bandas fascistas en Guadalajara. Ahora bien, sería muy superficial considerar un caso aislado esta situación, pues nada más lejos de la realidad. En concreto, en Guadalajara, existen más de una decena de informes policiales que alertaban de esta situación y que sin embargo han salido sin pena ni gloria por nuestras “instituciones de justicia”. En concreto, Israel Galve Maldonado encadena varios antecedentes policiales por agresión, homicidio doloso y desórdenes públicos que no han supuesto ninguna sanción por parte de los tribunales.
Sin embargo, la situación a la que se atiene nuestro compañero es bien diferente. Ante esa situación, el abogado de la defensa presenta nuevamente sendos escritos de recusación y nulidad de actuaciones pero en términos muy diferentes a lo anterior: plantea el trato de favor y los presuntos delitos de prevaricación que han cometido ambas magistrados al dar un trato de favor a un fascista responsable de numerosos delitos, y que además está ligado a peligrosas organizaciones ultraderechistas que ya han protagonizado en Guadalajara varias noches de “valor patrio” agrediendo a jóvenes o a inmigrantes. Asimismo, advierten del incesante acoso laboral al que se ha sometido en todo este proceso al abogado de la defensa, y que nuestro compañero no se presentará en juicio en esas condiciones, pues lo actuado supone una vulneración grave del derecho a la legítima defensa y a la libertad de expresión. Pocos días después, nuestro compañero recibe en su casa una llamada telefónica en nombre del Juzgado de Instrucción nº 3 donde se le emplaza a atenerse a “las consecuencias” que le supondrían hacer uso de los derechos que le están reconocidos. Es decir, que el fascista, con un presunto delito de homicidio en grado de frustración está en la calle, mientras que nuestro compañero, víctima de una ofensiva judicial que incluyen numerosas denuncias falsas contra él y otros miembros de su familia-también militantes comunistas-, se atiene a posibles sanciones penales por hacer uso de su derecho.
¿Por qué una respuesta social a estas agresiones fascistas y judiciales?
Porque esta judicatura nunca va a defender a aquellos que luchamos por un cambio que implica necesariamente depurar un poder del Estado que,a pesar del cambio político,siguen presentes en él los viejos cuadros del sistema represivo franquista. Cuando analizamos el problema de las agresiones fascistas, el porqué de la implantación de partidos de carácter ultraderechista en todo el Estado, que abiertamente corean sus consignas racistas y xenófobas, que hacen abiertamente apología del régimen franquista y que enaltecen la memoria de los verdugos responsables de la matanza de miles de combatientes durante y después de la guerra civil, tenemos que partir de cual es el origen del sistema en el que actualmente vivimos. Cuando asimismo tenemos determinados frentes sociales de la derecha como la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo), que jalea por salidas represivas al conflicto vasco, cuando tenemos políticas de púlpitos que incitan a la conculcación de determinados derechos civiles, tenemos que partir de una realidad que en su momento se pudo ocultar pero que sigue siendo una realidad a pesar de todo.
La conocida oficialmente como Transición nos deja en la actualidad un saldo de numerosos crímenes que continúan impunes. La proclamación por el Congreso de los Diputados del año 2006 como Año de la Memoria Histórica así como la promulgación de la Ley para la reparación de las víctimas del franquismo, no es sino una costra con la que nuevamente se nos oculta esa realidad.
Hoy día, numerosos cargos políticos responsables de la represión franquista siguen estando presentes en destacados cargos del Ejército, de la Policía, en los Consejos de Administración de empresas públicas y privadas, y…como no, en la judicatura.
Numerosas sanciones judiciales en materias penales y laborales están dejando en evidencia la raíz franquista de un poder que para nada fue depurado. Sentencias blandas para agresores de mujeres, el mantenimiento de la Audiencia Nacional, heredera directa del Tribunal de Orden Público franquista, así como absoluciones y concesiones a militantes neofascistas son algunos de los ejemplos más evidentes. La situación llega a ser tan evidente que el conocido como caso Bono(juicio por agresión al Ministro de Defensa), pone de relieve hasta qué punto el poder judicial sigue encarnando las esencias del régimen franquista. Lo que nos indica que esa Transición no fue más que un ejercicio de travestismo por el cual los dueños del gran capital, de las grandes empresas y de las corporaciones bancarias siguieron siendo los mismos que ejercieron la represión durante la dictadura, en definitiva su significado es igual que el de una Ley de silencio, donde los mismos que ejercieron de verdugos ahora son grandes demócratas.
Pero descendiendo a la realidad más concreta, no podemos dejar de ver en elementos como Israel Galve Maldonado uno de los ejemplos más claros de la situación de impunidad y los apoyos que la extrema derecha ve en la judicatura, que como hemos visto antes, no es casualidad.
Luego de esto debemos extraer que solo la respuesta social de los movimientos sociales, de las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda transformadora, de los colectivos de barrio, de las asociaciones de vecinos, puede, no solo evitar la impunidad de las bandas fascistas en Guadalajara, sino que además sentar un precedente en la lucha por la memoria, contra el olvido, para que tengamos siempre presente quienes fuimos, somos y seremos.
Ningún antifascista puede tolerar ninguna sanción contra aquellos que consecuentemente han luchado contra las bandas fascistas. Animamos a todos los antifascistas a sumarse a un proyecto unitario que pretende reivindicar la memoria colectiva y las luchas sociales como el capital fundamental para hacer frente a las injusticias. Tenemos muy claro que la lucha antifranquista de ayer es la lucha antifascista y anticapitalista de hoy.
Recuperar el pasado.
Conquistar el presente.
Decidir el futuro.
Guadalajara, 3 de agosto de 2006
El día 6 de enero de 2006, un encontronazo entre Israel Galve Maldonado, uno de los ultraderechistas más conocidos tras el apuñalamiento que cometió en febrero de 2005, deriva en una falsa denuncia por parte del fascista contra un militante comunista de Guadalajara y miembro del Centro Social Octubre, por injurias, calumnias y amenazas.
Tras la toma de las pertinentes pesquisas por parte de la Policía Nacional, la denuncia es aceptada por la Juez titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 Mª Elena Mayor Rodrigo, con informe policial lapidario hacia el fascista. En concreto la juez acepta a trámite una denuncia falsa en la cual Israel Galve aporta como prueba los testimonios de su padre y su abuelo.
El informe policial señala los numerosos antecedentes policiales que el fascista tiene en su expediente, y que, su posición en el lugar de los hechos que él mismo denuncia, supone una violación de la orden judicial de alejamiento de 500 metros ordenada tras su procesamiento por la agresión cometida en febrero de 2005.
En estas condiciones, y viendo la parcialidad de este Juzgado, la defensa de nuestro compañero decide recusar a esta Juez, argumentando no solo esto, sino que además este es el mismo juzgado que, tras 8 meses de estancia en prisión, decide ponerlo en libertad provisional a pesar de todos los informes en contra que este fascista tiene sobre sí, entre ellos el del Hospital General Universitario, que tras analizar las puñaladas perpetradas por Israel Galve, llega a la conclusión de su intencionalidad criminal y certifica la voluntad de matar a nuestro compañero. Igualmente, la defensa alega las múltiples sentencias a su favor que ha tenido en este Juzgado, y que son suficientes indicios para concluir que este caso no va a ser uno más en el trato de favor que Galve ha tenido por parte del Juzgado de Instrucción nº 3.
El día 11 de julio, nuestro compañero es citado por la Audiencia Provincial de Guadalajara a una vista oral donde argumentaría a la magistrada designada de la propia Audiencia los motivos de la recusación y donde se vería si esta se admitiría o no. En la misma, además de ser tanto nuestro compañero como la defensa, víctimas de varios gestos de desdén por parte del Ministerio Fiscal, la recusación es rechazada, y la defensa decide prepararse para un nuevo recurso a la instancia superior, el Tribunal Supremo.
En efecto tres días después de esta vista, el compañero recibe, en virtud de la negativa a la recusación planteada a la Audiencia Provincial, una nueva citación para el juicio por la denuncia de Israel Galve. Realmente alarmaba la rapidez de los trámites, conociendo la lentitud que tienen habitualmente los tribunales de “justicia”, que en esta ocasión no fue así. Hasta que, el abogado de la defensa se da cuenta de un error, terrible error que pone al descubierto esa complicidad y trato de favor: la fecha con la que se cita a nuestro compañero a juicio es anterior a la fecha de celebración de la vista donde se vería si se admitía la recusación, es decir, que mientras esa vista decisiva se celebra el día 11 de julio de 2006, la fecha con la que se firma la nueva citación es del 7 de julio, cosa que se corrobora con la fecha registrada en Correos. Es decir, que había quien ya sabía que esa recusación se iba a rechazar y cuyo beneficiario era, evidentemente, Israel Galve Maldonado.
Esta situación no es más que la conclusión de una serie de arbitrariedades judiciales que han sido las responsables del estado de impunidad de las bandas fascistas en Guadalajara. Ahora bien, sería muy superficial considerar un caso aislado esta situación, pues nada más lejos de la realidad. En concreto, en Guadalajara, existen más de una decena de informes policiales que alertaban de esta situación y que sin embargo han salido sin pena ni gloria por nuestras “instituciones de justicia”. En concreto, Israel Galve Maldonado encadena varios antecedentes policiales por agresión, homicidio doloso y desórdenes públicos que no han supuesto ninguna sanción por parte de los tribunales.
Sin embargo, la situación a la que se atiene nuestro compañero es bien diferente. Ante esa situación, el abogado de la defensa presenta nuevamente sendos escritos de recusación y nulidad de actuaciones pero en términos muy diferentes a lo anterior: plantea el trato de favor y los presuntos delitos de prevaricación que han cometido ambas magistrados al dar un trato de favor a un fascista responsable de numerosos delitos, y que además está ligado a peligrosas organizaciones ultraderechistas que ya han protagonizado en Guadalajara varias noches de “valor patrio” agrediendo a jóvenes o a inmigrantes. Asimismo, advierten del incesante acoso laboral al que se ha sometido en todo este proceso al abogado de la defensa, y que nuestro compañero no se presentará en juicio en esas condiciones, pues lo actuado supone una vulneración grave del derecho a la legítima defensa y a la libertad de expresión. Pocos días después, nuestro compañero recibe en su casa una llamada telefónica en nombre del Juzgado de Instrucción nº 3 donde se le emplaza a atenerse a “las consecuencias” que le supondrían hacer uso de los derechos que le están reconocidos. Es decir, que el fascista, con un presunto delito de homicidio en grado de frustración está en la calle, mientras que nuestro compañero, víctima de una ofensiva judicial que incluyen numerosas denuncias falsas contra él y otros miembros de su familia-también militantes comunistas-, se atiene a posibles sanciones penales por hacer uso de su derecho.
¿Por qué una respuesta social a estas agresiones fascistas y judiciales?
Porque esta judicatura nunca va a defender a aquellos que luchamos por un cambio que implica necesariamente depurar un poder del Estado que,a pesar del cambio político,siguen presentes en él los viejos cuadros del sistema represivo franquista. Cuando analizamos el problema de las agresiones fascistas, el porqué de la implantación de partidos de carácter ultraderechista en todo el Estado, que abiertamente corean sus consignas racistas y xenófobas, que hacen abiertamente apología del régimen franquista y que enaltecen la memoria de los verdugos responsables de la matanza de miles de combatientes durante y después de la guerra civil, tenemos que partir de cual es el origen del sistema en el que actualmente vivimos. Cuando asimismo tenemos determinados frentes sociales de la derecha como la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo), que jalea por salidas represivas al conflicto vasco, cuando tenemos políticas de púlpitos que incitan a la conculcación de determinados derechos civiles, tenemos que partir de una realidad que en su momento se pudo ocultar pero que sigue siendo una realidad a pesar de todo.
La conocida oficialmente como Transición nos deja en la actualidad un saldo de numerosos crímenes que continúan impunes. La proclamación por el Congreso de los Diputados del año 2006 como Año de la Memoria Histórica así como la promulgación de la Ley para la reparación de las víctimas del franquismo, no es sino una costra con la que nuevamente se nos oculta esa realidad.
Hoy día, numerosos cargos políticos responsables de la represión franquista siguen estando presentes en destacados cargos del Ejército, de la Policía, en los Consejos de Administración de empresas públicas y privadas, y…como no, en la judicatura.
Numerosas sanciones judiciales en materias penales y laborales están dejando en evidencia la raíz franquista de un poder que para nada fue depurado. Sentencias blandas para agresores de mujeres, el mantenimiento de la Audiencia Nacional, heredera directa del Tribunal de Orden Público franquista, así como absoluciones y concesiones a militantes neofascistas son algunos de los ejemplos más evidentes. La situación llega a ser tan evidente que el conocido como caso Bono(juicio por agresión al Ministro de Defensa), pone de relieve hasta qué punto el poder judicial sigue encarnando las esencias del régimen franquista. Lo que nos indica que esa Transición no fue más que un ejercicio de travestismo por el cual los dueños del gran capital, de las grandes empresas y de las corporaciones bancarias siguieron siendo los mismos que ejercieron la represión durante la dictadura, en definitiva su significado es igual que el de una Ley de silencio, donde los mismos que ejercieron de verdugos ahora son grandes demócratas.
Pero descendiendo a la realidad más concreta, no podemos dejar de ver en elementos como Israel Galve Maldonado uno de los ejemplos más claros de la situación de impunidad y los apoyos que la extrema derecha ve en la judicatura, que como hemos visto antes, no es casualidad.
Luego de esto debemos extraer que solo la respuesta social de los movimientos sociales, de las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda transformadora, de los colectivos de barrio, de las asociaciones de vecinos, puede, no solo evitar la impunidad de las bandas fascistas en Guadalajara, sino que además sentar un precedente en la lucha por la memoria, contra el olvido, para que tengamos siempre presente quienes fuimos, somos y seremos.
Ningún antifascista puede tolerar ninguna sanción contra aquellos que consecuentemente han luchado contra las bandas fascistas. Animamos a todos los antifascistas a sumarse a un proyecto unitario que pretende reivindicar la memoria colectiva y las luchas sociales como el capital fundamental para hacer frente a las injusticias. Tenemos muy claro que la lucha antifranquista de ayer es la lucha antifascista y anticapitalista de hoy.
Recuperar el pasado.
Conquistar el presente.
Decidir el futuro.
Guadalajara, 3 de agosto de 2006
